Fuente: Listín Diario 

Artículo 

Mons. Víctor Masalles

Hemos casi perdido la cuenta de los años que han pasado en los que nuestro país ha buscado actualizar su Código Penal, pieza legislativa que permanece en un limbo jurídico, dando muchas vueltas por escritorios y hoy día engavetada en el Congreso. Contiene 41 delitos tipificados que aún no se pueden aplicar en la justicia dominicana

Y uno se pregunta: ¿Por qué ha sido tan difícil? ¿Cuál es la razón para que una pieza tan importante para la nación no haya podido pasar el Congreso? Hay leyes que parecen condenadas a no pasar, y otras pasan casi desde que entran.

Parece que el Gobierno no tiene interés en si las causales van o no, y sólo interesa lo que hace subir encuestas y mantiene el nivel de popularidad. Mientras tanto el Código permanece como una baraja política que se usa para manipular y distraer.

El país recibió gran presión del extranjero durante los gobiernos demócratas de Estados Unidos que buscaron despenalizar el aborto, lo que puso en jaque al país entero. Aún queda mucha de esa presión por acuerdos firmados antes de que salieran del poder y al financiamiento millonario de esta agenda desde el extranjero.

En nuestro frágil sistema democrático el Presidente tiene inmensa capacidad para influir en el poder judicial y legislativo. Eso es algo que no ocurre en países desarrollados. Por esto, las decisiones judiciales y legislativas aquí dependen en gran medida del mandatario, y no tanto del juez o legislador.

Si el Gobierno tuviera fuerte interés de aprobar el Código Penal ya lo habría hecho. En otros temas se han modificado hasta la Constitución al vapor, casi todas con fines reeleccionistas. Pero en el aborto la cosa no es tan fácil, pues es un tema sensible, y que toca las fibras de los sentimientos de muchos, y en las discusiones se tiende a manipular estos sentimientos.

Recuerdo cuando visité a un notable político del país. En una me dijo: “No sé si sabes que el 62% de los dominicanos está a favor de las causales”. Luego de unos minutos me di cuenta de que no conocía el tema. Me dijo: “explícame lo de las causales, que no las entiendo bien”. Hay una gran ignorancia acerca del tema y una resistencia a buscar explicaciones jurídicas y científicas. Se ha rebajado la discusión a un tema político que se quiere manejar con encuestas.

Las estadísticas son siempre útiles para los estudios sociales y naturales. Son herramientas insustituibles para llegar a conclusiones importantes. Pero cuando se politiza pierde todo su sentido de servicio al bien común. En muchas encuestas veo preguntas manipuladas, donde se pierde la objetividad. Las preguntas se hacen con la intención de que la gente responda lo que uno quiere.

Hay algunos temas, entre ellos el aborto, donde es imposible hacer una encuesta que se precie de ser objetiva cuando tenemos una población desinformada del tema, y se hacen preguntas dramáticas con situaciones límite en donde se maneja el tema de manera sentimental, con slogans, pancartas, activistas a precio y médicos y abogados al servicio de intereses personales. No es posible hacer debates serios en donde nunca escuchemos razones médicas y jurídicas científicas e imparciales.

Además permanecen dos puntos a tomar en cuenta:

1) Tenemos una Constitución que defiende el derecho de la vida como un don inviolable desde la concepción a la muerte. Se buscan triquiñuelas jurídicas para justificar un bien menor a fuerza de causar siempre un mal mayor.

2) Si damos una mirada a los países que han aprobado las causales para el aborto vemos que ellas han sido siempre instrumentos para introducir el aborto libre. Y en esos países las estadísticas de mortalidad materna no disminuyeron, y los abortos se multiplicaron.

El aborto es un gran negocio, nadie se abre puertas presionando económicamente de manera gratuita. Esto se quiere hacer montando una plataforma ideológica sobre la nación, incluyendo el sistema educativo y las empresas.

El Minerd se resiste a una ley de educación sexual integral. Dice que no quiere que se le imponga una camisa de fuerza. ¿Por qué? Pues porque el país está recibiendo aún presión para implementar en las escuelas programas de educación sexual dañinos para los niños que no son adecuados a sus edades. Se introducen de manera velada y ni los padres saben lo que a ellos se les enseña. Por eso se resiste a una ley de educación sexual sana que proteja a nuestros niños de adoctrinamientos ocultos.

Pasan los años y el Código Penal se va haciendo obsoleto sin aún haberlo podido implementar. Y el Gobierno hace de la discusión un carnaval en el que se permite que paseen todas las comparsas. El dinero sigue circulando por debajo de las mesas. El circo continúa, y en todo esto el gran perdedor sigue siendo el pueblo dominicano.

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